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POLITICA
Jorge Enrique González Nicolás, exfiscal general del Estado, renunció
esta mañana a su cargo de secretario de Seguridad Pública de Ciudad
Juárez y en su lugar fue nombrado de manera provisional el extitular de
la Fiscalía Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz.
Sin embargo, éste enfrenta un proceso legal por su presunta
participación en la orden de archivar las denuncias por enriquecimiento
ilícito y peculado contra el exgobernador César Duarte Jáquez y el
exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en el caso Banco Unión
Progreso.
El pasado 14 de diciembre, el juez de Control, Eduardo Alexis
Contreras Pérez, ordenó abrir el procedimiento penal contra el
exgobernador y el exfuncionario de su gobierno, así como iniciar una
investigación contra el Ministerio Público, quien confesó haber
archivado el expediente por orden de su superior, Almaraz Ortiz.
Este viernes, en conferencia de prensa, González Nicolás anunció su
renuncia, no sin antes destacar las cifras de detenciones y decomisos de
droga conocida como cristal que, dijo, bajaron los índices de violencia en esa frontera, a dos meses y 12 días de que fue nombrado.
“Estuvimos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública sin
distraernos, haciendo un trabajo para Ciudad Juárez con estos
resultados. Han sido una serie de señalamientos de carácter político que
no nos han distraído”, agregó en respuesta a quienes lo criticaron
desde el inicio de su función.
Luego, dijo que se dedicará a la academia, como era su plan original
al concluir su encargo en la Fiscalía General, y agradeció la confianza
del presidente municipal de Ciudad Juárez, el independiente Héctor
Armando Cabada Alvídrez, por el nombramiento.
Presente en la conferencia, el alcalde explicó que cuando los
ciudadanos tenían temor de que regresaran los índices de violencia del
pasado, invitó a González Nicolás a dirigir la SSP.
“Este es el resultado del trabajo de un hombre comprometido con su
ciudad, con su amigo (…). Cuando yo invité a Jorge, le dije: necesito
que me apoyes, necesito que me ayudes a encabezar la Secretaría de
Seguridad Pública. De manera generosa lo aceptó. Él venía de ser el
abogado del Estado y pasó a ser el primer policía de Ciudad Juárez”.
Tras reconocer públicamente “la generosidad” del ahora extitular de
la SSP, Cabada Alvídrez explicó que ambos acordaron “que terminando el
año terminaría también nuestra relación en ese sentido”.
Sobre las críticas que recibió cuando nombró a González Nicolás, el alcalde comentó:
“Las decisiones que yo he tomado son con base en la autonomía de este
municipio, no con base en presiones. Quedó claro desde el primer día de
nuestro mandato, así seguirá siendo. Las hago en beneficio de la
ciudad, no tienen ningún otro sentido mis decisiones y son nuestros
tiempos. Quiero dejarles muy claro, que así seguirá siendo, haré que se
respete siempre la autonomía del municipio”.
Las críticas
El pasado 21 de octubre, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral,
manifestó su desacuerdo con el nombramiento de Jorge Enrique González
Nicolás al frente de la SSP y de paso, por su trabajo en la FGE, así
como el de Pablo Ernesto Rocha, exdirector de la Policía Estatal Única. Y
acusó que ambos evitaron someterse a los exámenes de confianza del
gobierno.
Según el mandatario panista, González Nicolás dejó sumida en “grave
crisis financiera” a la Fiscalía, además de que no dejó recursos ni
gasolina para la operación de las unidades policiacas ni para la compra
de reactivos para identificar cuerpos en el Servicio Médico Forense.
Incluso, dijo que desmantelaron sistemas de inteligencia, entre otras
irregularidades.
Cuando tomó posesión como nuevo fiscal general del Estado, el pasado
12 de octubre, César Augusto Peniche Espejel, acusó que el Ministerio
Público en manos de su antecesor perdió la rectoría de la investigación
porque los agentes sólo actuaban si había una orden de Pablo Ernesto
Rocha Acosta, actual director de la Policía Municipal de Juárez.
“Como consecuencia, hay una cantidad cada vez mayor de carpetas de
investigación que se rezagó. Se refleja en dos momentos en el proceso de
judicialización; sobre todo en delitos de género, donde hay acumuladas
hasta mil carpetas de investigación por cada agente, porque a los
policías los tenían empleados en otras áreas y desdeñaban ese tema de
justicia. En otras áreas hay de 300 a 400 carpetas por agente del
Ministerio Público”, acusó.