El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha embarcado en una empresa sin retorno. Su decisión de ir en contra del millonario y tolerado robo de combustibles lo tiene ahora con las mismas probabilidades del éxito que del fracaso, aunque ha empezado a pagar costos por la escasez de gasolina porque está afectando la vida cotidiana y los ingresos de miles de personas.

 
Ni sus peores críticos cuestionan su propósito de actuar en contra del robo de las gasolinas. Lo que no está claro es la manera en que se tomó y operó esa decisión. Lo que ha dicho es que se cerraron ductos en el centro y el sur del país, incluidos los que abastecen a la capital y sus alrededores, en donde se da gran parte de la actividad económica del país. Pero no sabemos cuántos ductos fueron cerrados ni por cuánto tiempo más.

Una segunda medida fue el despliegue del Ejército y la Marina para tomar refinerías y centros de distribución. En palabras de la Marina esa presencia es “para poner orden”.

Como tercer paso, intervino el sistema de monitoreo de presión de los ductos para registrar dónde se han colocado las válvulas de extracción clandestina.

Pero hay dudas si la escasez obedece también a la decisión de bajar la importación de gasolinas desde Estados Unidos. López Obrador ha sido un severo crítico de esas compras.

Llama la atención que cuando apenas empezaba a tomar acciones en contra del llamado huachicoleo, una enorme tarea que requiere mucha planeación, el presidente salió a anunciar que el combate a ese delito empezó hace dos semanas, el 21 de diciembre pasado.

López Obrador colocó el tema cuando la agenda estaba dominada por la caída del helicóptero en el que iban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador de ese estado, Rafael Moreno Valle.

Desde los primeros momentos en que se registró la caída, el 24 de diciembre, empezó a pagar un costo político por su constante descalificación pública hacia el matrimonio que se había hecho del control político del estado.

Entre la tarde de ese lunes y hasta la mañana del jueves 27 de diciembre, el presidente había perdido el control de la agenda. Y sin aparente relación con el hecho, la recuperó al colocar el tema del robo de combustible, delito en el que Puebla destaca entre los principales lugares del país. Lo dijo pero no lo dijo.

Ya embarcado en esa tarea, el gobierno ya no se puede echar para atrás. Ya ha a comenzado a hablar de, por lo menos, omisión de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, en cuyos 18 años de gobierno el delito se desbordó.

Ha mencionado que hay tres exaltos funcionarios de Pemex investigados, además del general Eduardo León Trauwitz, exescolta de Peña Nieto, como encargado que fue de la Subdirección de Seguridad Estratégica de Pemex durante el gobierno pasado.

Los señalamientos del presidente podrían sugerir la existencia de un esquema de delincuencia organizada desde el propio gobierno desde hace lustros y que han causado millonarias pérdidas para el Estado mexicano. Además, el gobierno federal ha referido el congelamiento de cuentas relacionadas con el delito.

Preocupa que el propio presidente diga que su estrategia está siendo saboteada cuando el jueves aseguró que delincuentes “bloquearon” el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Para marcar una verdadera diferencia, el gobierno de López Obrador tendrá que deshacer las estructuras que han permitido ese robo. De forma transparente deberá exponer sus componentes gubernamentales, policiales, militares, empresariales y sociales, y sus vínculos con el exterior. No basta ya con mostrar a los jefes de las bandas. Tendrá que actuar también contra los delincuentes de cuello blanco.

De otra manera, le pasará lo que a Calderón con su guerra al narcotráfico. Un fracaso con un alto costo social que lo único que garantizó fue la espiral de violencia de la que no sale el país, además de mantener los altos precios de la droga.

No vaya a ser que como ese expresidente, solo le esté pegando al panal.

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