“Imposición”, “anticonstitucional” o “uno de los días más ominosos del Congreso de la Unión” fueron algunos de los calificativos y muestras de enojo expresados este viernes por organizaciones de la sociedad civil (OSC ) nacionales e internacionales en reacción a la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior.

 
Horas después de que la Cámara de Senadores aprobó el texto, el tema #LeydeSeguridadInterior se volvió uno de los más comentados en las redes sociales, donde circularon fichas con los nombres de los 71 senadores que votaron a favor de la ley -54 del PRI, 11 del PAN y seis del PVEM-, acompañados con mensajes de repudio.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la aprobación de la ley “abona a la restauración autoritaria que se cierne sobre México” y “eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a lo largo de la última década”.

El colectivo de organizaciones #Seguridadsinguerra, que se opone a la “militarización” de la seguridad pública, exigió a Enrique Peña Nieto ejercer su derecho de veto sobre la ley y devolver el texto ante las cámaras para una nueva discusión.

En un comunicado redactado con un tono amargo, el colectivo recordó a Peña Nieto el discurso que pronunció ante los senadores el viernes pasado, ante la presión nacional e internacional sobre la ley.

En esa ocasión, el presidente urgió los legisladores a “ampliar” los espacios de diálogo con la sociedad civil para “realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”.

Los activistas deploraron que, pese al exhorto del mandatario, el Senado no abrió tal espacio de diálogo. Es más, cuando los opositores a la ley comparecieron en el recinto legislativo para exponer sus argumentos, los senadores del PRI, del PVEM y algunos del PAN salieron a comer.

El veto presidencial, sin embargo, resulta muy improbable. Peña Nieto apoya con firmeza la ley y lo reafirmó ayer, cuando tres dependencias de su gobierno -las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación y la Procuraduría General de la República- dieron un último “espaldarazo” al texto que se discutía en el Senado.

Y no sólo eso: el gobierno acompañó su comunicado con una carta enviada a Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el pasado 5 de diciembre, en la que la administración descalificó las críticas que había emitido la máxima autoridad de la ONU en materia de derechos humanos.

“Es motivo de gran sorpresa observar que Usted se pronuncie sobre el contenido de un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por ambas cámaras”, planteó el gobierno. Líneas más abajo añadió que “no es correcto afirmar que una ley de seguridad interior afectará negativamente los derechos humanos”.

“Rechazamos que la eventual aprobación del proyecto pueda conllevar una militarización de la seguridad pública”, planteó el gobierno de Peña Nieto a Zeid.

Pero luego se contradijo: “Cabe subrayar que la jurisprudencia internacional (…) no prohíbe a los Estados recurrir a las Fuerzas Armadas, mientras éstas se sujeten a los estándares de derechos humanos”.

#Seguridadsinguerra advirtió que la aprobación de la ley “no (lo) detendrá”, y aseveró que desde el colectivo “seguiremos luchando por un México en el que la seguridad no signifique estar en guerra”.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), abundó en el mismo sentido del colectivo #Seguridadsinguerra: Maureen Meyes, la directora de la organización para México pidió a Peña Nieto que rechazara la ley.

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