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Publicado por CONSENSO DELICIAS
Dejadez de Mancera ante el problema ambiental
La contingencia ambiental que afectó a la Ciudad de México fue objeto de una serie de defensas a priori y descalificaciones por consigna. Lo cierto es que sí hubo contingencia ambiental y que la contaminación puso (y sigue poniendo) en riesgo la salud de los habitantes de la capital del país. Vamos a los datos duros de organismos internacionales que, en principio, es improbable que sean parte de un complot o conjura local.
Primero. De entrada, lo que hay que despejar es si a los mexicanos les importa o no el medio ambiente. De acuerdo con el World Values Survey (2010-2014) Crossings by Country Study # 906-WVS2010, liberado el 18 de abril de 2015, sí es muy importante. La organización WVS (World Values Survey) es la red académica más grande del mundo que hace estudios comparados no comerciales y con el mayor rigor académico. Tiene su sede en Estocolmo, Suecia. A la pregunta de qué tanto se identifica con la frase “Dar seguimiento al medio ambiente es importante porque cuida la naturaleza y la salud”, 39.6% de los mexicanos consideró que se identifican totalmente con esa frase; 36.4%, que se identifican con esa frase. Sólo 2.2% no se identifican en modo alguno con esa frase. De esta suerte, se puede deducir que el medio ambiente es un tema de la agenda de la discusión pública, tanto porque se encuentra en los estudios de bienestar internacionales como por el gran interés de los mexicanos sobre el tema. El más reciente estudio de bienestar correspondiente a 2015 elaborado por la OCDE (http://www.oecdregionalwellbeing.org/region.html#ME09) reprueba a la Ciudad de México en el rubro de protección ambiental con 3.7, donde la calificación más baja es 0 y la más alta es 10. La medición del medio ambiente está integrada por tres subindicadores: a) contaminación del aire: emisiones CO2, densidad de partículas materiales suspendidas (SPM), densidad de dióxido sulfúrico y densidad de dióxido de nitrógeno: b) Ecología: número de empresas con certificación ISO 14001, porcentaje de energía renovable utilizada y porcentaje de basura reciclada, y c) Ambiente natural: calidad del agua, niveles de zonas verdes y nivel de confort de la temperatura.
Segundo. El estudio comparado más importante de las grandes urbes es el que realiza The Mori Memorial Foundation a través de su Institute of Urban Strategies. Cada año elabora el Global Power City Index (GPI), que permite monitorear el comportamiento de las autoridades de las grandes urbes sobre distintos rubros; uno de ellos es, por supuesto, el relativo al medio ambiente, desagregado por sus tres subindicadores señalados en el primer párrafo. Este estudio permite comprobar que las contingencias ambientales no provienen de factores divinos o fuera de este mundo, sino, por el contrario, son resultado de las políticas públicas de las autoridades, donde la corrupción y la impunidad son ejes definitorios. Al comparar los resultados de 2012 (fecha a partir de la cual se consideró a la Ciudad de México en este índice global) con los de 2015, se puede verificar que el gobierno de la Ciudad de México ha sido, por acción u omisión, parte del problema de la contaminación ambiental. En el estudio del GPI relativo a 2012 la metrópolis se encontraba en el lugar 29 de la lista relativa a medio ambiente. Al concluir 2015 la ciudad ocupó ya el lugar 35; es decir, ha bajado seis niveles en cuatro años. El GPI tiene en su metodología dos elementos muy significativos: a) La participación de la ciudad objeto de estudio para ofrecer su información, que es, por supuesto, evaluada por un comité independiente de arbitraje integrado por profesores de las más importantes universidades en el mundo sin ningún conflicto de interés, y b) La posibilidad de apelar la calificación obtenida antes de que sea publicada, siempre y cuando haya datos duros que ofrezcan elementos para cambiar la calificación obtenida.
Tercero. Con la información de la que dispongo puedo afirmar que: a) El gobierno de la Ciudad de México sabía de primera mano la información sobre este y otros temas; b) ha sido omiso en brindar información (no opiniones) y tampoco ha impugnado los resultados del estudio. El gobierno capitalino no ha puesto en marcha políticas públicas para detener y eventualmente mejorar en el ranking correspondiente, no sólo para ayudar a los residentes de la ciudad a tener un lugar más sano para vivir o menos malo, sino para no dejar cabos sueltos de cara a la imagen internacional, como en este caso. Precisamente en este caso es verdaderamente difícil que haya mala fe o intenciones de “dañar” al gobierno de Miguel Ángel Mancera con lo que supone una sistema de árbitros y de medición que abona a la imparcialidad del estudio citado y a su credibilidad. El gobierno de la Ciudad de México no se puede llamar a engaño, sorpresa o mala fe sabiendo siempre lo que debió, por lo menos, hacer público para que se tomaran decisiones que no pudo o no quiso tomar. Prefirió dejar que otros intereses ajenos al bienestar general hayan sido privilegiados a costa de la salud de los capitalinos, cuya preocupación al respecto no ha sido encauzada por el gobierno, en lo que constituye un acto de corrupción por omisión. Asimismo, echa por la borda la especie absurda que surgió del gobierno de la ciudad contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada como responsable de la contingencia ambiental. Lo que hizo la SCJN fue aplicar correctamente el principio de igualdad: si un auto nuevo emite un número determinado de contaminantes y esa proporción idéntica la tiene un auto viejo pero en buen estado, no hay razón para darle un certificado cero a uno y a otro no.
¿No debería informar Miguel Ángel Mancera por qué pasa lo que pasa con la salud de los habitantes de la Ciudad de México y durante cuatro años no ha hecho nada? ¿Qué va a hacer para resolver el problema de contaminación que dejó crecer sin ningún rubor? l
Segundo. El estudio comparado más importante de las grandes urbes es el que realiza The Mori Memorial Foundation a través de su Institute of Urban Strategies. Cada año elabora el Global Power City Index (GPI), que permite monitorear el comportamiento de las autoridades de las grandes urbes sobre distintos rubros; uno de ellos es, por supuesto, el relativo al medio ambiente, desagregado por sus tres subindicadores señalados en el primer párrafo. Este estudio permite comprobar que las contingencias ambientales no provienen de factores divinos o fuera de este mundo, sino, por el contrario, son resultado de las políticas públicas de las autoridades, donde la corrupción y la impunidad son ejes definitorios. Al comparar los resultados de 2012 (fecha a partir de la cual se consideró a la Ciudad de México en este índice global) con los de 2015, se puede verificar que el gobierno de la Ciudad de México ha sido, por acción u omisión, parte del problema de la contaminación ambiental. En el estudio del GPI relativo a 2012 la metrópolis se encontraba en el lugar 29 de la lista relativa a medio ambiente. Al concluir 2015 la ciudad ocupó ya el lugar 35; es decir, ha bajado seis niveles en cuatro años. El GPI tiene en su metodología dos elementos muy significativos: a) La participación de la ciudad objeto de estudio para ofrecer su información, que es, por supuesto, evaluada por un comité independiente de arbitraje integrado por profesores de las más importantes universidades en el mundo sin ningún conflicto de interés, y b) La posibilidad de apelar la calificación obtenida antes de que sea publicada, siempre y cuando haya datos duros que ofrezcan elementos para cambiar la calificación obtenida.
Tercero. Con la información de la que dispongo puedo afirmar que: a) El gobierno de la Ciudad de México sabía de primera mano la información sobre este y otros temas; b) ha sido omiso en brindar información (no opiniones) y tampoco ha impugnado los resultados del estudio. El gobierno capitalino no ha puesto en marcha políticas públicas para detener y eventualmente mejorar en el ranking correspondiente, no sólo para ayudar a los residentes de la ciudad a tener un lugar más sano para vivir o menos malo, sino para no dejar cabos sueltos de cara a la imagen internacional, como en este caso. Precisamente en este caso es verdaderamente difícil que haya mala fe o intenciones de “dañar” al gobierno de Miguel Ángel Mancera con lo que supone una sistema de árbitros y de medición que abona a la imparcialidad del estudio citado y a su credibilidad. El gobierno de la Ciudad de México no se puede llamar a engaño, sorpresa o mala fe sabiendo siempre lo que debió, por lo menos, hacer público para que se tomaran decisiones que no pudo o no quiso tomar. Prefirió dejar que otros intereses ajenos al bienestar general hayan sido privilegiados a costa de la salud de los capitalinos, cuya preocupación al respecto no ha sido encauzada por el gobierno, en lo que constituye un acto de corrupción por omisión. Asimismo, echa por la borda la especie absurda que surgió del gobierno de la ciudad contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada como responsable de la contingencia ambiental. Lo que hizo la SCJN fue aplicar correctamente el principio de igualdad: si un auto nuevo emite un número determinado de contaminantes y esa proporción idéntica la tiene un auto viejo pero en buen estado, no hay razón para darle un certificado cero a uno y a otro no.
¿No debería informar Miguel Ángel Mancera por qué pasa lo que pasa con la salud de los habitantes de la Ciudad de México y durante cuatro años no ha hecho nada? ¿Qué va a hacer para resolver el problema de contaminación que dejó crecer sin ningún rubor? l
