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NACIONAL
El caso Marisela Escobedo Ortiz, la
activista ejecutada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua
el 16 de diciembre de 2010, será llevado a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH).
Guanajuato.,-En entrevista, la abogada Luz Castro Rodríguez, directora del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedehm), afirma que en marzo
próximo presentarán el caso ante el organismo para que se finquen
responsabilidades al Estado mexicano “por omisión y negligencia”.
De visita en esta ciudad para participar en la Clínica Jurídica del
Centro Las Libres y académicas de la Universidad de Guanajuato, Castro
Rodríguez dice que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(Cejil) trabaja en la estrategia para apoyar la petición ante la CoIDH,
en coordinación con el Cedehm.
“En estos momentos al Estado mexicano le importa muchísimo la mirada
internacional. Entonces, vamos a hacerlo (la petición) con el Cejil.
Ahora estamos en la conclusión y queremos jalar también el caso de Rubí,
porque no puede entenderse el feminicidio de esta defensora (Marisela
Escobedo) si no se entienden las negligencias y todo lo que falló en el
caso de Rubí”, señala la abogada.
A los 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada en
Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, su
pareja. El cadáver de la joven fue calcinado y tirado a un basurero. Era
el año 2008. Desde entonces Marisela inició su activismo con la
búsqueda del homicida, a quien localizó con sus propios recursos.
Barraza fue detenido y confesó su crimen. También dio a conocer el
sitio donde se encontraban los restos de Rubí. Pese a ello quedó en
libertad “por falta de pruebas”.
En esa ocasión, el Tribunal resolvió que la única prueba presentada por
el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la
Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente, pues se resumía
a lo expresado por el propio acusado, ante diversas personas: dos
agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial
Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que él había dado
muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre.
“Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para
por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz
dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear.
Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel
afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008,
sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos
de pistola.
“Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en
contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar
que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de
pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo,
no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, citó el juez
redactor, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez.
Desde ese momento Marisela Escobedo inició una serie de protestas
para denunciar la actuación de los jueces en el caso de su hija, y se
instaló frente al palacio de gobierno de Chihuahua, durante la
administración de los gobernadores Fernando Baeza y César Duarte.
El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros.
En noviembre de 2012 Rafael Barraza fue abatido por soldados. Ese
mismo año las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique
Jiménez como el asesino de Marisela.
Para Luz Castro Rodríguez, la batalla de Marisela Escobedo, junto con
la que años atrás iniciaron las madres y defensoras de jóvenes y
mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y que dio lugar al surgimiento
de organizaciones como Justicia para Nuestras hijas y el propio CEDEHM,
sirvió para hacer visible “todo ese ambiente putrefacto y el drama que
significa para las y los defensores de este país asumir esas luchas”.
Desde la primera mitad de los noventa, agrega, las mujeres de
Chihuahua, “especialmente las madres”, gritaron al mundo lo que estaba
sucediendo, primero en referencia a las muertas de Juárez y luego al
hablar de feminicidio, de trata y de la incorporación de la delincuencia
organizada, pero “nadie hizo caso”. Desde entonces hasta la fecha,
subrayó, la política de simulación del Estado prevalece, y ahora también
con “juvenicidios”.
“Así como en un primer momento hablábamos de asesinatos de mujeres
en Juárez y luego nos dimos cuenta de que estábamos ante un fenómeno de
feminicidio, actualmente hay estados donde se dan desapariciones
involuntarias, la mayoría de jóvenes en edad productiva. Y Chihuahua es
uno de los estados donde más desapariciones forzadas hay: más de mil
500.
Estamos hablando en su mayoría de asesinatos o desapariciones de
jóvenes, porque no se atendieron a tiempo las cuestiones estructurales
que tienen que ver con el crimen organizado, que está infectando todos
los niveles en el país”, dice.
La simulación.
De acuerdo con Castro, la política de simulación del Estado se
demuestra con los avances en materia legislativa que el gobierno
mexicano presume ante instancias internacionales para decir que está
comprometido con los derechos humanos, pero luego todo falla con la
interpretación que de esas leyes hacen los operadores del sistema
judicial.
“Por ejemplo, los abogados (de víctimas y defensoras y defensores)
estamos preocupadas porque con el Código de Procedimientos Único,
realizado también desde un escritorio, no se toman en cuenta los delitos
de género, ni los derechos de las víctimas. En el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres hemos litigado desde 2007 estos casos y vemos con
honda preocupación un gran retroceso en el tema de víctimas”.
En Chihuahua, destaca, los feminicidios y desapariciones no han
terminado. De 1994 a la fecha han sido asesinadas más de 2 mil mujeres, y
la Alerta de Género prevista por la ley se ha convertido, igual que la
tipificación del feminicidio, en un instrumento para evadir el tema y
para la rebatinga política.
“Cuando hay una catástrofe natural, heladas o inundaciones, los
estados salen a pedir de inmediato una declaratoria de emergencia, pero
cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, los estados lo
niegan”, lamenta.
Luz Castro asegura que el panorama en Chihuahua no es muy distinto al
de Guerrero. “Territorios completos en manos del crimen organizado,
policías al mando de los propios sicarios, delincuentes y mujeres que
son obligadas a colaborar con ellos y sus historias son invisibles”,
dice.
–¿Y la criminalización de las protestas también? –se le pregunta.
–Una de las estrategias que el Estado mexicano en sus diferentes
niveles ha implementado siempre tiene que ver con un proceso perverso de
descalificación de las víctimas. Cuando aquellas se convierten en
defensoras y recurren a la justicia, lo primero que hacen es
descalificarlas. Esas marchas genuinas de los jóvenes pasan por la
descalificación. Lo primero que el Estado piensa es en estigmatizarlos.
“La descalificación de las luchas por los derechos humanos en este
país no es nueva, es una estrategia continua, que ahí está, sirve para
inhibir en el corazón de los jóvenes la indignación”.
Castro Rodríguez, quien cuenta con medidas cautelares de protección
ordenadas por la CoIDH ante las amenazas recibidas, resalta que “aunque
las autoridades no se han dado cuenta”, los abogados defensores de
derechos humanos, a diferencia del pasado, están conscientes de que
México es uno antes y otro después de la reforma al Artículo 1º
constitucional.
“Nos hemos apropiado de esta reforma legal y la hacemos viva. Tiene
que ver con el nuevo papel de las víctimas. Anteriormente, cuando había
una ofensa, se consideraba que a quien se ofendía era al Estado. Ahora
las víctimas tienen voz, y las defensoras y abogadas hemos aprendido que
no podemos ser sólo despachos, tenemos que acompañar a las víctimas, ir
caminando con el activismo, con la protesta, la denuncia, pero también
con el estado de derecho, no el que consideran las autoridades, sino con
el estado de derecho superior, encima de los bandos de policía y buen
gobierno”.
La directora del Cedehm también se refirió a la actuación de la
Procuraduría General de la República (PGR) con los detenidos en el
Zócalo el pasado 20 de noviembre, y al respecto dice simplemente: “Da
pena ajena”.
Añade: “Los presos políticos no son nuevos en México, es toda una
historia de presos políticos. Lo que sucede es que ahora caminar por los
derechos humanos nos ha permitido actuar distinto, además de que las
redes sociales y los medios de comunicación independientes están dejando
atrás a los medios cooptados por el Estado, que ya no puede fácilmente
continuar con la fabricación de delitos como lo hizo el 20 de noviembre.
Ya no es como antes, la movilización ciudadana ahí está”.
Finalmente, la “defensora de defensores”, como ella se define, afirma
que ante la mirada internacional, el presidente Enrique Peña Nieto pasó
de ser el estadista capaz de conciliar a las fuerzas políticas para
firmar un Pacto por México, a la corrupción evidenciada con la
adquisición de la llamada Casa Blanca, por lo que las organizaciones y
ciudadanos deben seguir buscando visibilizar estos asuntos ante el mundo
y organismos como la CoIDH, como ocurrirá con el caso de Marisela
Escobedo y su hija Rubí Marisol.
“Peña se viene al despeñadero. Tenemos que reivindicar mucho el
trabajo de los medios independientes, abren el camino de otra mirada
sobre lo que está sucediendo. Por ahí se puede ver el despeñadero. Ya no
es tan fácil que el pueblo se trague esa telenovela que nos quieren
vender”, remata.
