Las malas prácticas de las autoridades judiciales en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio ha generado impunidad para los agresores, mayores trabas para que las víctimas tengan acceso a la justicia y una “violencia feminicida institucional”, como la llama la abogada Mayela Ruiz. Por eso, las organizaciones que promueven la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer reclaman que el gobierno deje de frenar ese mecanismo federal y sean castigados los funcionarios que atenten contra las víctimas.

 CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Através de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 20 de las 32 entidades del país han solicitado a la Secretaría de Gobernación que active la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM), pero la implantación de este mecanismo sólo se otorgó al Estado de México y a Morelos.

La abogada Mayela Ruiz Madrazo, presidenta de la organización no gubernamental Uka Nuiwame, señala que esta situación es muy grave porque los feminicidios y suicidios aumentan de forma alarmante. En la solicitud de activación de la AVGM para el estado de Nayarit, que en junio pasado se entregó a Gobernación, la activista indica que de 2007 a 2012 se cometieron mil 909 feminicidios en el país, lo que representa una tasa de 3.2 crímenes por cada 100 mil mujeres.

Esa proporción, que toma en cuenta la población total, coloca a México en el lugar 23 del mundo, pero si únicamente se considera la cantidad total de homicidios de mujeres, es el sexto país con más asesinadas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 32% de las mexicanas ha padecido violencia sexual, lo que incluye intimidación, acoso y abuso. Según estas cifras oficiales, 63 de cada 100 ha sido víctima de al menos una agresión emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral.

Las entidades que solicitaron la activación de la AVGM son Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Guerrero. Puebla lo hizo apenas el 28 de junio y Tlaxcala el 10 de agosto pasado.

Guanajuato solicitó la activación de la alerta hace más de dos años. Verónica Cruz Sánchez, en representación del Centro de las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro y del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, la presentó el 20 de marzo de 2014.

En el documento correspondiente sostiene que Guanajuato es la segunda entidad con más feminicidios del país. En 2013, dice, los asesinatos de mujeres –la mayoría jóvenes– pasaron de 24 a 73, mientras que en 2014 se cometieron 12. Asimismo, hay evidencias de que esos crímenes son más brutales.

“Además de las marcadas condiciones de desigualdad social y de género, existe en Guanajuato un arraigado problema de misoginia, caracterizado por el sentimiento de superioridad de los hombres respecto de las mujeres”, indica Cruz Sánchez.

Pero además, indica, en Guanajuato existe un grave problema de violencia institucional que se refleja en la enorme tolerancia a los actos de violencia contra mujeres por parte de los tres poderes del estado, que según la entrevistada se convierten así en reproductores de esa violencia por medio de la omisión, la negación, la indiferencia y la inacción para prevenir, atender y sancionar a los agresores. Eso genera feminicidios, añade.

Cruz Sánchez presenta 85 casos susceptibles de clasificarse como feminicidios que se cometieron en 23 municipios guanajuatenses y aclara que los municipios con mayor incidencia de ese delito son León, Irapuato, Celaya, Silao, Pénjamo y Salamanca.

El 22 de diciembre de 2014 Evangelina Flores Ceceña y María del Carmen Pérez, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, solicitaron la declaratoria de la AVGM. Documentaron 101 homicidios de mujeres ocurridos entre 2003 y ese año, principalmente en Colima, Manzanillo, Tecomán, Comala, Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez.

En el mismo lapso, señala, ocurrieron en el estado 4 mil 124 casos de violencia intrafamiliar, pero 2 mil 896 fueron enviados al archivo porque la víctima otorgó el “perdón” a su agresor. Las autoridades guanajuatenses registraron 984 violaciones de mujeres y niñas, de las cuales se archivaron 25 casos porque se otorgó el perdón al agresor. Asimismo tenían 785 procesos por abuso sexual, de los cuales en 201 se logró el perdón.

De los cinco casos de hostigamiento sexual, en uno se concedió el perdón. Y no se ha resuelto ninguno de los 28 casos de desaparición de mujeres y niñas.

Saña e impunidad

El 27 de mayo de 2014, Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca, en representación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, solicitaron la declaratoria de AVGM para este estado. Más de un año después, el 10 de agosto de 2015, la Conavin emitió la declaratoria para Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

El documento de la Comisión Independiente plantea que entre 2000 y junio de 2013 se reportaron 530 casos de feminicidio. El municipio con más de esos crímenes fue Cuernavaca, con 106. El factor común es que las víctimas padecieron agresiones extremas: estrangulación, decapitación, mutilación y violencia sexual. En algunos casos sus cuerpos fueron maltratados después de asesinadas, “denotando crueldad, odio, saña y desprecio contra las mujeres”, refieren los autores.

En dicha solicitud se expone que en varios casos las víctimas ya habían denunciado actos de violencia en su contra y no recibieron la debida atención de las autoridades, por lo que terminaron muertas. “Por si fuera poco –apunta la Comisión Independiente–, el estado confunde las causas con las formas de violencia ejercida, por lo que no existe claridad sobre la causa o el móvil de los homicidios”.

El 9 de marzo de 2016, Ranulfo Manuel Galván Castañeda, representante del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, solicitó la declaratoria de AVGM para el estado de Puebla. Señaló que en esa entidad la violencia feminicida ha aumentado desde 2010, por lo que en 2015 diversos líderes sociales y políticos pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDHP) que pidiera la declaratoria.

En su solicitud, Galván Castañeda argumenta que, según la Unidad de Seguimiento del Delito de Feminicidio en el estado, se han consignado 23 casos, de los cuales hasta el 5 de noviembre de 2015 sólo en uno se había dictado sentencia condenatoria.

Menciona que de 2007 a septiembre de 2015 se registraron 432 averiguaciones previas o carpetas de investigación por homicidios dolosos contra mujeres. Esto, más los 30 posibles casos de feminicidio y 128 de suicidio hacen más grave el hecho de que se desconoce la existencia de protocolos forenses y guías técnicas para realizar necropsias con perspectiva de género.

El 29 de octubre de 2015 las organizaciones civiles Salud y Género, así como Desarrollo Comunitario para la Transformación Social pidieron la activación de la AVGM en Querétaro. Argumentaron que ese año, “hasta la presentación de la solicitud, ocurrieron 19 feminicidios caracterizados por presentar extrema violencia y exposición pública del cuerpo de la víctima”.

Dichos casos ocurrieron en los municipios de Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Querétaro y San Juan del Río, y la edad de las víctimas oscila entre 19 y 55 años.

Las organizaciones puntualizaron que en la mayoría de los crímenes se utilizaron armas blancas y los responsables fueron conocidos de las agredidas, como su pareja, vecinos, inquilinos y compañeros de trabajo, entre otros.

Violencia institucional

En el caso de Nayarit, Mayela Ruiz Madrazo explica en la solicitud que presentó a Gobernación que su finalidad es “erradicar la violencia en contra de las mujeres y sus hijos, principalmente en los municipios de Tepic, Santa María del Oro, Ixtlán del Río, Jala, Tecuala, Santiago Ixcuintla y Xalisco, violencia generada de las omisiones y actuaciones negligentes de las propias autoridades que resultan responsables de violentar los derechos humanos de las mujeres y sus infantes”.

En una de esas malas prácticas, las autoridades judiciales ejercen violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes al confrontarlos con su agresor. Para Ruiz madrazo, al no aplicar las normas para proteger a las víctimas y no contar con adecuados protocolos de actuación, el Estado violenta el derecho de la mujer y sus hijos a tener una vida libre de violencia, a salvaguardar su integridad física, social, económica y psicológica.

Relata que el pasado 5 de agosto, en el Primer Foro Nacional de organizaciones solicitantes de la AVGM en 19 estados, una de las coincidencias fue que uno de los mayores problemas es que los gobiernos no quieren activar el mecanismo de alerta.

“Lo he platicado con Jimena Vilchis Cordero, Subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y Reparación del Daño de la Conavim e integrante de la comisión investigadora. Me dijo que se hace un informe de la investigación; de la indagación surge una recomendación y, si el estado acepta las recomendaciones, la alerta no se activa.”

Para Ruiz Madrazo es incongruente que la comisión investigadora de cada alerta sea coordinada e integrada por el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y la Conavim: “Es como un complot: están contigo pero también te investigan. Es un mal manejo; queremos que el Estado no integre la comisión porque rechaza todas las peticiones, menos la del Estado de México y la de Morelos”.

Además, las organizaciones solicitantes reclaman que sean ellas y el Consejo Social las que, además de integrar las comisiones investigadoras, emitan sus observaciones sobre los informes y grupos de trabajo y de seguimiento a las solicitudes de activación de la AVGM.

Proponen también que se desafore e inhabilite al servidor público y autoridad que cometa violencia institucional y con ello genere violencia feminicida en agravio de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que la violencia familiar sea tipificada como delito grave a fin de armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sobre el documento relativo a Nayarit que entregó a Gobernación, explica: “Presenté la solicitud por violencia feminicida institucional porque, al momento en que como mujer violentada acudes a la fiscalía a poner la denuncia, inmediatamente te mandan a conciliar con tu agresor sin importar que vayas lesionada. Incluso, jueces y ministerios públicos han llegado a conciliar en caso de violación, cuando esto es inadmisible”.

Por ejemplo, dice, en el Código Penal de Nayarit no existe el feminicidio y la violencia familiar tiene sanciones mínimas: “Las autoridades carecen de estadísticas debido a que los ministerios públicos y los jueces mandan a las víctimas a conciliación y no abren un número de expediente ni una querella. Mandan sólo un citatorio sin número de expediente ni número de folio”.

–¿En qué entidades se están incrementando los feminicidios?

–En Nuevo León, Colima… realmente en todo el país. Lo incongruente es que el feminicidio y la violencia de género también aumentan en el Estado de México, donde sí se emitió la alerta. Allí están ­desapareciendo mujeres.

–¿Por qué crecen los feminicidios aunque se activó la alerta?

–No sé. Se supone que están trabajando para erradicar y prevenir la violencia en contra de las mujeres, pero no ha resultado. El año pasado, cuando solicité la activación, solo siete estados la habían tramitado; ahora son 20.

–¿Cuáles entidades escapan a la violencia contra las mujeres?

–Ninguno, pero debido a la opresión del gobierno, las organizaciones no promueven la alerta; ello sin contar con las trabas para que se active.

Enseguida muestra un documento que ella envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado mexicano por los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez y por la violencia de Estado ejercida en contra de los familiares de las víctimas. Allí, Ruiz Madrazo expone casos actuales de feminicidio y señala cada punto de la recomendación que ha incumplido el Estado mexicano.

Como prueba de que también las instituciones cometen la violencia feminicida con sus actuaciones ineptas, conciliaciones “omisas” y las agresiones psicológicas de los ministerios públicos a las víctimas, Ruiz Madrazo proporciona a Proceso una lista de agentes del Ministerio Público y jueces que han incurrido en violencia contra las mujeres en Nayarit.

Como ejemplo, en el expediente 1655/2014 del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia en Tepic, Nayarit, consta que la juez Irma Leticia Bermúdez Cruz ordenó el 13 de mayo pasado que se suprimieran los nombres del padre y los abuelos paternos del acta de nacimiento de una menor, porque al realizar una prueba pericial de grafosocopia determinó que la firma del progenitor no correspondía, pero no mandó hacer una prueba de ADN para verificar su paternidad.

Otro es la causa penal 344/2016 por feminicidio contra Pedro Cervantes García, escolta del fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia. El escolta es acusado de asesinar a la madre de un niño de tres años. La abuela del menor fue hostigada y amedrentada por los agentes del MP Mario Heliodoro Villela Bonilla, adjunto al fiscal general, así como Cecilia Elizabeth Dávalos Alcalá y Daniel Pacheco Nava, de la Unidad de Investigación de Homicidios y Secuestros del Sistema Penal Acusatorio.

La señora también fue presionada por el asesor jurídico Cristian Omar González Ochoa para que revocara a su defensora Mayela Ruiz Madrazo, en represalia porque la litigante señaló que el homicida está en la nómina de la fiscalía y por lo tanto existe conflicto de intereses.

En este caso, Ruiz Madrazo denunció penalmente al fiscal y envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, con copia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para denunciar que ha sido amenazada y sus colaboradores “levantados” y “extorsionados” por instrucciones del fiscal Veytia.

Como una de las pruebas de la falta de interés del Estado para eliminar la violencia feminicida, la abogada y activista entrega copia de la ficha de antecedentes penales del fiscal, quien, de acuerdo con ese documento, el 8 de noviembre de 2005 fue detenido por el delito de lesiones intencionales.

Este reportaje se publicó originalmente en la edición 2079 de la revista Proceso del 3 de septiembre pasado.

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