La decisión de aplicar las medidas cautelares para retirar los promocionales de los legisladores del Partido Verde relacionados con los vales para medicina fue acordada en la Comisión de Quejas el domingo por la tarde, pero no se notificó a las televisoras sino hasta el martes a las 10 de la mañana, con lo cual la campaña se mantuvo hasta la mañana del miércoles, es decir, casi 60 horas después de tomada. En contraste, cuando se decidió el asunto del promocional del PRD en el que se incluía a Joaquín López Dóriga, la determinación fue adoptada el sábado por la tarde, y el domingo por la mañana, menos de 24 horas después, ya se estaba acatando.

Los consejeros argumentarán que en ambos casos se actuó conforme a lo establecido en el reglamento, lo cual es cierto, pero también lo es que el trato resulta muy desigual, y eso es precisamente aquello de lo cual se quejan los partidos políticos que se retiraron del consejo.

En el caso del titular de la Unidad de Fiscalización, la demanda de remover a Alfredo Cristalinas como encargado de despacho tiene su origen en su actuación como fiscalizador de los gastos de las campañas presidenciales, particularmente en lo relacionado con el rebase de los topes de gastos de campaña y el expediente y la resolución del caso Monex. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, defendió frente a los representantes de los partidos políticos que no tenía forma de nombrar a un nuevo titular porque la legislación obliga a conseguir el voto aprobatorio de ocho consejeros electorales y no los tenía.

Ese fue uno de los primeros obstáculos que estableció el PRI (Proceso 1999), ya que al colocar a cuatro de los 11 integrantes del consejo con derecho a voto, en automático adquirió el poder de veto. Y la propuesta que hizo Córdova lo muestra con meridiana claridad: Eduardo Gurza Curiel, sin duda, es un experto en la materia, pero también es un fiel servidor priista (al margen de que sea o no militante de dicho partido, es un hecho que su vida en la función pública ha sido al amparo de los gobiernos priistas).

De acuerdo con la información disponible, incursiona en el sector público en 1989 como subcontralor y coordinador sectorial en la Secretaría de Gobernación, justo cuando el titular de dicha dependencia era ni más ni menos que Fernando Gutiérrez Barrios. Allí labora hasta el cambio de secretario en 1993, cuando el nuevo gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, lo nombra coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, donde está hasta 1998. De ahí pasa a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, entonces a cargo del ahora contralor del INE, Gregorio Guerrero Pozas (quien había fungido como delegado de Banobras en Tlaxcala de 1993 a 1997, donde se conocieron); en dicha dependencia logra trascender a Guerrero y a su cambio a la Auditoría Superior de la Federación, y la deja en 2013, para integrarse a la Secretaría de la Función Pública. Su trayectoria no deja lugar a dudas: ha estado vinculado al salinismo y, desde el inicio del sexenio, al actual gobierno federal, y muy probablemente su nombre lo sugirió el actual contralor del INE.

Un candidato con ese perfil por supuesto que obtiene la aprobación del PRI y del PVEM, así como el voto favorable de los cuatro consejeros del bloque tricolor; pero es “una fuga hacia adelante”, pues no soluciona el fondo del problema; simplemente se recurre a un cambio de personas, pero se mantiene la línea más allá de posibles cambios formales, y esto podrá confirmarse en el momento en que se realice la fiscalización del actual proceso electoral. Peor todavía, la designación de un titular con este perfil evidencia la captura del órgano electoral por parte del bloque de cuatro consejeros afines al tricolor.

Este control ya se había evidenciado en la integración de los Organismos Públicos Locales (llamados Oples en la jerga electoral mexicana), cuando el bloque de cuatro consejeros marcó la pauta para la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de las 17 entidades e impuso a casi las dos terceras partes de los integrantes (Proceso 1959, 1978 y 1979). Pero hoy tiene dos agravantes: una, el reconocimiento explícito de Córdova de que la disposición de la mayoría calificada de ocho votos aprobatorios para algunos nombramientos afecta negativamente el funcionamiento institucional; y dos, la manifiesta intransigencia del bloque a pesar de la crisis institucional.

Por otra parte, los representantes de los partidos seguramente tienen muy en cuenta que el artículo 90 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su párrafo 1: “Cuando el representante propietario de un partido y, en su caso, el suplente no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo General del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate”. No hay disposición expresa en el caso de las comisiones y los comités, con lo cual su ausencia en los mismos no tendría la misma consecuencia; pero en el caso de las sesiones de los consejos (general, locales y distritales) la guillotina pende sobre su cabeza.

Córdova y la mayoría de los consejeros reaccionaron ante las acciones de los siete partidos de oposición, mas la crisis persiste y los márgenes de maniobra son cada vez más estrechos.