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Publicado por CONSENSO DELICIAS
Asesor de Gobierno del Estado involucrado en tortura
Ramón Quintana Villasana,
ex director del entonces Cereso Estatal (ahora Cefereso 9) Norte,
involucro al asesor de Gobierno del Estado, Gustavo Zabre Ochoa, en la
tortura que recibió Israel Arzate Meléndez, misma que le valió haber
sido exonerado del asesinato de 15 jóvenes el 30 de enero de 2010 en
Villas de Salvárcar.
Lo anterior
durante la audiencia de vinculación o no a proceso, donde Quintana
Villasana es acusado de haber autorizado la salida de Arzate Meléndez
para que fuera torturado por los militares, y echarse la culpa por la
masacre que estremeció a Chihuahua, y el país entero.
Ante el juez, el exfuncionario penitenciario aclaró que no sabía que el reo sería torturado, además que sólo atendió instrucciones de sus jefes inmediatos, el director Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Vicente Armendáriz y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gustavo Zabre Ochoa.
Presuntamente Quintana autorizó que Israel Arzate fuera sacado del reclusorio y llevado a la Guarnición Militar los días 9 de febrero y 17 de marzo del año 2010, para que fuera sometido a prácticas vejatorias.
“No se advirtió que era para torturarlo o causarle sufrimiento, si yo hubiera estado enterado por ningún motivo hubiera permitido que así fuera (…) Recibí las instrucciones pertinentes y consensuamos la autorización porque era un acto en el cual teníamos que estar involucrados todos, el director de Ejecución de Penas y el secretario de Seguridad Pública Estatal y un servidor”, dijo.
Ante el juez, el exfuncionario penitenciario aclaró que no sabía que el reo sería torturado, además que sólo atendió instrucciones de sus jefes inmediatos, el director Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Vicente Armendáriz y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gustavo Zabre Ochoa.
Presuntamente Quintana autorizó que Israel Arzate fuera sacado del reclusorio y llevado a la Guarnición Militar los días 9 de febrero y 17 de marzo del año 2010, para que fuera sometido a prácticas vejatorias.
“No se advirtió que era para torturarlo o causarle sufrimiento, si yo hubiera estado enterado por ningún motivo hubiera permitido que así fuera (…) Recibí las instrucciones pertinentes y consensuamos la autorización porque era un acto en el cual teníamos que estar involucrados todos, el director de Ejecución de Penas y el secretario de Seguridad Pública Estatal y un servidor”, dijo.
