En la sentencia absolutoria que emitió el pasado 19 de julio en el juicio contra Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito, el juez federal Carlos López Cruz reconoce que el hermano del expresidente Carlos Salinas incrementó su riqueza desmedidamente de 1985 a 1992, pero establece que la Procuraduría General de la República (PGR) nunca pudo demostrar que éste haya amasado dicha fortuna a costa de los cargos públicos que desempeño en dicho periodo.

“Los dictámenes periciales son idóneos para acreditar con total certeza que el patrimonio de Raúl Salinas se incrementó sustancialmente durante el periodo comprendido de enero de 1985 a abril de 1992, en una proporción que no es acorde con los ingresos que recibió por los cargos públicos que desempeñó.

“En otras palabras, durante el lapso en que ocupó diversos cargos en un organismo descentralizado, así como en la Administración centralizada, Raúl Salinas acrecentó de tal forma su peculio, que sin lugar a dudas es posible sostener que experimentó un enriquecimiento”, dice sentencia de la causa penal 36/1997 que reproduce el diario Reforma en su portal electrónico.

Según el documento, en su primera declaración patrimonial Raúl Salinas declaró tener 10.6 millones de viejos pesos y al dejar su último cargo público su fortuna ascendía a  3 mil 603 millones de viejos pesos.

A pesar de tales elementos, el juzgador no encontró evidencia alguna de que el llamado hermano incómodo se aprovechó de su condición para enriquecerse, por lo que decidió absolverlo.

“La ilicitud del enriquecimiento está circunscrita a la temporalidad en que el servidor público desempeñó el cargo, y a que el incremento patrimonial sea consecuencia de que el activo del delito se aprovechó del empleo, cargo o comisión públicos”, argumentó el juez.

Con base en tal criterio, resolvió:

“Con independencia de que la evolución patrimonial de Salinas de Gortari haya sido la consecuencia de una acertada inversión de sus haberes, o de diversas razones que pudieran justificar o no, contable y financieramente ese incremento, no es procedente que ese enriquecimiento se etiquete de ilícito, pues la ilicitud a que se refiere este tipo penal deviene estrictamente de que el incremento patrimonial sea resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público, al aprovecharse ya sea del estatus o de las atribuciones que le son conferidas”.

Raúl Salinas ocupó cuatro cargos durante los sexenios de Miguel de la Madrid y su hermano Carlos: en Conasupo fue gerente general de Diconsa; director general de Imconsa, y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo.

De 1990 a 1992, durante el sexenio de su hermano Carlos, fue Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Programa Nacional Solidaridad (Pronasol) y su un contrato era por honorarios.

Cuando asumió el cargo como gerente general de Diconsa, en febrero de 1983, en su declaración patrimonial Raúl Salinas dijo ser dueño de 17 inmuebles, la mayoría departamentos ubicados en diversas colonias del DF, Acapulco, Ixtapa, Querétaro, Puerto Escondido y Cuernavaca, cuyo valor aproximado era de 10.6 millones de viejos pesos, entonces equivalentes a unos 66 mil dólares.

También declaró tener joyas, obras de arte, menaje de casa, bienes muebles, colección de monedas y tres caballos, todos con valor de 9.6 millones de viejos pesos, equivalentes a unos 60 mil dólares, y 14 cuentas bancarias y de valores, así como cuatro inversiones en empresas, todas en México, con un valor total de 62.2 millones de pesos, iguales a 386 mil dólares.

Al finalizar su encargo como secretario técnico del Comité de Evaluación de Pronasol en abril de 1992, declaró tener un patrimonio de tres mil 603 millones de viejos pesos, entonces equivalentes a 1.2 millones de dólares.

Sin embargo, según la acusación de la PGR el incremento real de su fortuna durante sus cargos en la administración pública fue de 161 mil 462 millones de viejos pesos, que para 1992 equivalían a 51.8 millones de dólares. La cifra tomaba en cuenta el aumento en inmuebles, de 17 a 41, la evolución de la disponibilidad en las cuentas bancarias y el valor de las inversiones en empresas.

La hipótesis de la PGR era que el “hermano incómodo” aprovechó 207 de los dos mil 218 millones de nuevos pesos desviados entre 1990 y 1994 de la partida secreta de la Presidencia a una cuenta en Banco Mexicano Somex, por instrucciones de Ernesto Sentíes, entonces Director de Administración de la Presidencia, ya fallecido.

En diciembre de 2004 un tribunal colegiado de Toluca absolvió Raúl Salinas del delito de peculado, con el argumento de que la partida secreta existía para “gastos contingentes” y no tenía reglas para su manejo. Según el juez no se probó que los depósitos en tres cuentas a nombre de Raúl y dos de sus alias realmente provinieron del desvío en cuestión.

El litigio de la PGR contra Raúl Salinas es el quinto que la dependencia pierde luego de que no se pudo comprobar la participación de éste en el homicidio de Francisco Ruiz Massieu, en 2005, y en los delitos de peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero

La acusación por enriquecimiento ilícito derivó de una indagatoria de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que a principios del sexenio de Ernesto Zedillo acusó a Salinas de no acreditar el origen lícito del patrimonio que acumuló durante los años en que fue servidor público.

El enriquecimiento ilícito era el último proceso en contra de Raúl salinas y luego de casi tres sexenios de actividad judicial quedará sin un solo antecedente penal si la absolución es confirmada por el Tribunal Unitario en Materia Penal.

La PGR interpuso un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dictada el miércoles pasado por el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales Carlos López Cruz, en la que se ordenó la devolución de 41 propiedades a Raúl Salinas, además de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debe descongelar sus cuentas bancarias y de cheques.

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