Deja el penal del Altiplano el general Ángeles Dauahare

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto asestó otro duro golpe a su predecesor, el panista Felipe Calderón, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito decretó la libertad absoluta al general de División en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado de presuntos vínculos con el narco durante el sexenio calderonista. Esta misma noche, Ángeles Dauahare, también exsubsecretario de la Defensa Nacional, salió libre del penal de máxima seguridad del Altiplano, localizado en el Estado de México. A su salida de la prisión, comentó que desea hacerse un chequeo médico y entrevistarse con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Previo a ello, el juez de la causa, Raúl Valerio, emitió el fallo de libertad inmediata después de que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó no presentar conclusiones acusatorias contra el exsubsecretario de la Defensa Nacional, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, desde mayo de 2012. Valerio declaró formalmente cancelada o sobreseída la causa penal 44/2012 iniciada contra el general por el delito de delincuencia organizada, concretamente por su presunto apoyo al cártel de los Beltrán Leyva. El pasado jueves 11, el juez cerró el juicio por delincuencia organizada en contra del general Ángeles Dauahare, y dio a la PGR 30 días hábiles para presentar sus conclusiones. Sin embargo, el Ministerio Público federal tomó sólo tres días hábiles para presentarlas y decidió no sostener la acusación. En mayo de 2012, la PGR acusó a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio de dinero. En su edición 1891, la revista Proceso dio a conocer que el caso del general se le empezó a derrumbar al gobierno calderonista horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez. De acuerdo con la nota firmada por Jorge Carrasco, a la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le iba resultar difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón. Y así fue. Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la dependencia respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no estaban corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva. El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare. El deslinde la PGR sólo favoreció al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR. Denuncia anónima Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilita también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO). Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico. Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002. Además en esa denuncia lo acusaban de haber apoyado el extinto jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, cuando fue secretario particular del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa supuesta denuncia estaba fechada el 17 de mayo, un día después de la detención del divisionario. Otra pieza que se desacomodó en el juego de la PGR fue la declaración ministerial del 15 de agosto de 2012 de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, quien negó conocer y haberse reunido con el exsubsecretario de la Defensa Nacional, como lo dijo Jeniffer, mientras que Mateo no pudo corroborar las fechas en que supuestamente se reunió y entregó dinero al acusado.