Published On:
Publicado por CONSENSO DELICIAS
Después de Ayotzinapa, el terror interminable
Aún no ocurrían los operativos policiacos contra maestros
disidentes en Oaxaca y Chiapas (en junio), ni su extensión a los
pobladores que los apoyaban en la sangrienta jornada de Nochixtlán, pero
la estadística dejaba ver que las violaciones a los derechos humanos de
quienes se dedican a defenderlos se mantenían como parte de una espiral
represiva iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, aunque nunca tan
radical y dispuesta a asumir los costos políticos como ocurrió a partir
del 1 de diciembre de 2012.
Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores
de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y
el Comité Cerezo México, emiten el único informe que documenta –con
nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y
defensores de derechos humanos en el país.
En su edición 2016, dicho informe fue intitulado “Defender
los derechos humanos en México: la normalización de la represión
política”, y sus conclusiones parten de interpretar los datos obtenidos
mediante el registro de los casos de desaparición forzada, ejecución
extrajudicial, prisión política, así como de las diferentes modalidades
de agresiones cometidas contra defensores de derechos humanos.
Desde sus primeras páginas el documento da cuenta de las
diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña
Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra contra el
narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la
violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en
quienes se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas,
centrando el discurso político en los beneficios que habrá con la
implementación.
Es decir, después de Calderón el proceso represivo entró a
un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es sólo un aumento en las
estrategias represivas y una mayor selectividad, sino que estamos
presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está dispuesto a
pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos
represivos”.
Desaparecer la disidencia
Cuando cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca,
Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a la búsqueda. Desde 2011,
cuando su sobrina de seis años desapareció en esa entidad, reclamaba al
gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas de
localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo
ella misma desapareció.
Veracruz es uno de los estados con mayor registro de
agresiones contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales
desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último año de gobierno
la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de personas
activas en el movimiento social.
Además de Claudia Ivonne, también desaparecieron el
académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y el activista Naviel
Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le localizó sin
vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de las
siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo
pasado.
Los otros estados donde ocurrieron hechos con el mismo tinte
son: Tamaulipas, donde en julio de 2015 desapareció Enrique López
Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en octubre siguiente;
Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a Julio Emmanuel
Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas, entidad en la
que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.
La edición anterior del informe mencionaba que desde el
inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo de 2015, 81 personas
defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales habían sido
víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de 2015
fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han
contabilizado.
Este año hay una diferencia, pues entre junio de 2015 y mayo
de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el informe anterior incluía
a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una disminución
significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata de 89
víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición,
17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron
liberadas y siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo
una incógnita.
La desaparición de dirigentes sociales en la última década
se observa en 15 estados de la República, pero son Guerrero (69),
Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete), los que
encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa
grave violación a los derechos humanos.
Adiós al refugio
Rubén Espinosa era un fotorreportero cercano al movimiento
social veracruzano y su trabajo se había vuelto incómodo al gobierno de
Javier Duarte, así que, amenazado, decidió trasladarse a la Ciudad de
México, el refugio de los periodistas que en el resto del país se
encuentran en riesgo.
Semanas después se reunió con Nadia Vera, una joven que
acompañaba diferentes movimientos sociales, y en especial el
universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la
protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la
Ciudad de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las
acciones violentas contra estudiantes se radicalizaron.
El 31 de julio de 2015, Rubén y Nadia aparecieron muertos
junto con tres mujeres, dos que compartían la renta con Nadia y la
empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el
multihomicidio continúa impune.
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra defensores
de derechos humanos y dirigentes sociales registran un incremento
notable en la administración de Peña Nieto:
En 2007, apenas se registraron tres casos; entre 2008 y
2010, hubo en total 21. Pero a partir de 2011, la incidencia creció
hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene, pues en 2012 hubo 21
ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en 2015, y en
los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.
Al comparar por sexenio, con Calderón fueron asesinadas 67
personas. En lo que iba del gobierno peñanietista, hasta mayo pasado
sumaban 66, una cifra que se incrementó en los meses siguientes.
Sólo con los casos de mayor cobertura, de junio a la fecha
–que no son contemplados aun por el Informe–, el incremento es claro en
2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los ocho muertos en
Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más murieron en
junio.
Para mayo pasado, el informe había documentado siete casos
en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones extrajudiciales; cuatro en
Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la Ciudad de México.
Redadas y prisión
Durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015,
integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron por
el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron embestidos
por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales 25
fueron consignadas y siguen presas.
El FPR es una de las organizaciones sociales que más ha
padecido de represiones en el país, y en Oaxaca suele ser objeto de las
distintas formas de represión. En el caso de los 25 presos de aquella
jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez tercero de
distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y
zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron
a penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.
Por ser una detención masiva y haber sucedido en Oaxaca, el
caso es emblemático. Y es que al aspecto de la masificación enfatizado
por el informe, se suma el hecho de que se trata de una de las entidades
con mayor registro de defensores de derechos humanos o miembros de
movimientos sociales presos.
Junto con Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas
son los estados donde el uso de las detenciones arbitrarias y la prisión
por motivos políticos es mayor. Pero en el último año el
encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán,
Jalisco y Morelos.
En el informe anterior, Guerrero tuvo el primer lugar en
detenciones arbitrarias, todas relacionadas con el movimiento
magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de cien
casos, sólo en Oaxaca y Michoacán.
En el rubro no sólo se contabilizan los casos de quienes son
sujetos a proceso penal, sino de aquellos que aun siendo detenidos por
unas horas, lo son a consecuencia de su participación en el movimiento
social. No obstante, los redactores del informe previenen que muchas de
las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre es posible
documentarlos y la estadística podría ser superior.
Hasta el pasado mayo sumaban 497 casos de detenciones
arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo que la cifra
aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos.
Respecto de quienes están sometidos a proceso penal o fueron
sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015 estaban presas 224 personas
por motivos políticos en México, y actualmente, hasta el 31 de mayo de
2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que están
detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21
años en prisión.
El incremento en las detenciones y prisión para dirigentes
sociales es notorio en la estadística. Los informes de represión abarcan
cada año de junio a mayo siguiente, y por lo que respecta al período
2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014 sumaron 175, en 2015
la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta mayo, se
acumularon 277 casos.
En el tiempo que lleva Peña Nieto, el número de detenciones
arbitrarias aumentó casi al doble respecto del sexenio anterior, pues en
tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones arbitrarias, lo que
por otra parte representa 62% del total de detenciones arbitrarias
realizadas desde 2006.
Un dato adicional es que alrededor del 70% de los detenidos
están libres sin cargo alguno, es decir, no existió ningún elemento para
mantenerlos en prisión y ese simple hecho convierte en arbitraria una
detención. De acuerdo con los redactores del informe, constata el hecho
de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las manifestaciones
organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al derecho humano a
la protesta.
Hasta el cierre de este informe, el número de personas que
fueron detenidas de manera arbitraria y que se encuentran en prisión
asciende a 81; además, 67 personas que están libres bajo caución o con
reservas de ley.
Finalmente, a diferencia del informe anterior, donde la
mayoría de las personas fueron detenidas bajo delitos del fuero común
–lo que señalaba que eran ejecutadas por las autoridades y policías de
los estados–, actualmente hay un porcentaje similar entre aquellos a los
que les fueron imputados delitos del fuero común y aquellos imputados
por delitos del fuero federal.
Ataques, amenazas, hostigamiento…
A unos cien metros del caserío, en la villa de Cloete, en
Coahuila, los caciques de la región intentan extraer carbón. Sin
embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los socavones y la
defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han opuesto
por la vía judicial.
Los priistas Antonio Nerio, padre e hijo homónimo, cuando no
son alcaldes son diputados. Ambos controlan parte del transporte
carbonero y también tienen minas irregulares, una de las cuales exhibió
Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también priista, en
el municipio de Sabinas.
Además de las amenazas, demandas, vigilancias y difamaciones
en medios de comunicación, Auerbach Benavides también fue víctima –el
pasado 30 de marzo– del allanamiento de las oficinas de la Organización
Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo clientelar del PRI
regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que documenta el
informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a defensores
de derechos humanos en todo el país.
Se trata de 136 eventos que contienen 446 ataques que
afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades. En 2015 se
habían documentado 330 ataques que afectaron a 248 personas, 47
organizaciones y 35 comunidades.
La aparente disminución en los eventos y los actos
registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que los ataques
fueron masivos.
Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).
Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).
El informe expresa su convicción de que la alta
concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a la
efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también
explica que sean los estados con movimiento magisterial los que
registraron más ataques.
Por su tipología, se observa una intensificación de la
violencia represiva, pues a diferencia del año pasado, cuando el
hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado, actualmente son las
agresiones las que se presentan como el acto más usado con 261 casos
(58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%);
criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios
(9.6%).
Para las organizaciones que emitieron el informe, la
estadística en general no es sólo un recuento o exposición de datos. Se
trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer las reformas
estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una
estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y
la construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias
que deben vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende
normalizar.