Published On:
Publicado por CONSENSO DELICIAS
Mafias electorales
Apenas están perfilándose las precandidaturas en el arranque del año y
las mafias electorales ya comienzan a manifestarse en todos los
partidos políticos, buscando posicionarse otros tres años para después
brincar a la elección presidencial del 2018.
A la cabeza de estas mafias están viejos conocidos entre ellos los líderes de los partidos: Los Chuchos
en el PRD; los “niños verdes” en el PVEM, los maderistas y
calderonistas en el PAN, los mexiquenses en el PRI, los elbistas en el
PANAL, los pejistas en Morena y entre todos estos también algunos
gobernadores y exgobernadores que, como virreyes, quieren ampliar sus
feudos, como el veracruzano Javier Duarte, el poblano Rafael Moreno
Valle, el guerrerense Ángel Aguirre y el sonorense Guillermo Padrés.
Lo importante para estas mafias políticas es mantener las franquicias
partidarias las cuales explotan desde hace muchos años ofreciendo
productos caducos o inservibles llamados gobernadores, diputados o
senadores, delegados y presidentes municipales que atienden sus negocios
particulares legales o ilegales.
Ahí están el priista Fausto Vallejo, en Michoacán, o el perredista
Ángel Aguirre, acusados de recibir dinero del crimen organizado para
dejarlos operar con toda impunidad.
Estos grupos habrán de sacar raja del presupuesto que el Instituto
Nacional Electoral (INE) va a darles este año y cuya bolsa asciende a 5
mil 300 millones de pesos, el grueso de los cuales se irán a gastos de
campaña.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguro que se haría un
seguimiento estricto del uso de estos recursos pero apenas el lunes
pasado decidieron cancelar el contrato que tenían con Scyt, empresa
líder mundial en voto seguro por internet y tecnología de modernización
electoral con sede en Barcelona, que al enterarse consideró que hay
personas que no están interesadas en que el instituto se dote de un
sistema transparente, independiente y seguro de fiscalización de
partidos que cumpla con la ley.
Con el dinero en los bolsillos para gastarlo con débiles y opacas
medidas de fiscalización, los grupos políticos tendrán un gran margen de
maniobrabilidad para usar el dinero público en campañas onerosas
creando un mundo de propuestas que más tarde serán echadas a la basura
pues lo importante para ellos es posicionarse en los distintos puestos
de elección sin tomar en cuenta a electorado.
El caso más reciente es Enrique Peña Nieto que prometió crecimiento
económico, disminución de la violencia, acabar con la corrupción y
combatir a fondo al crimen organizado y ninguna de estas promesas ha
cumplido.
En la elección presidencial pasada el costo del voto fue de 118 pesos
cada uno, en la elección del 2009 fue de 77 pesos y el del 2006 en 39
pesos. Cada elección sube el costo de cada voto y para esta del 2015 lo
más probable es que tenga un mayor costo que el de los anteriores.
Frente a este despilfarro de dinero, ante la posibilidad de que
intervengan los grupos del crimen organizado y sobre todo, con la
desconfianza cada vez más amplia de la ciudadanía en los partidos
políticos convertidos en mafias, los procesos electorales en México
tiene desde antes de que arranquen un descrédito profundo que pone en
tela de juicio su realización y ahonda la zanja que hay entre ciudadanía
y la clase política.
Pero eso poco le importará a las mafias político electorales, a estas
les importa mantener su registro que significa dinero a toda costa y
para ello son capaces de hacer alianzas con sus peores adversarios como
el PRD y el PANAL en la ciudad de México o lanzar candidatos de pésima
reputación que les haga ganar con el apoyo de algún grupo del crimen
organizado bajo la lógica más pura de las mafias: mantener el poder
sobre un territorio.
